Operativo Liberación: En Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso aseguran empresas ligadas a extorsión
Toluca, Estado de México, 23 de julio de 2025. El Operativo «Liberación», implementado por el Gabinete de Seguridad Nacional en coordinación con el Gobierno del Estado de México, ha asestado un duro golpe a redes de extorsión que operaban en la entidad, impactando directamente en municipios como Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso con el aseguramiento de empresas de materiales de construcción vinculadas a estas actividades ilícitas.
Entre los establecimientos intervenidos en esta vasta operación, se identificó a «MAC» en Ixtlahuaca y a «Grupo Ferretero Macol» en San Felipe del Progreso, así como a «Materiales Santa Cruz». Estos puntos, dedicados a la construcción y manufactura de insumos, eran piezas clave en el esquema de coacción que obligaba a pobladores y comerciantes a comprar productos a precios inflados y bajo amenazas.
La «Operación Liberación», que dio inicio el pasado lunes 21 de julio, es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el 6 de julio. En este marco, se han logrado detener a 48 personas relacionadas con este delito, incluyendo a los capturados durante este despliegue.
El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, detalló que la iniciativa fue diseñada específicamente para combatir la coacción ejercida por grupos criminales que fijan cuotas o precios abusivos y obligan a la adquisición de bienes o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y extorsivo.
Las investigaciones, que se extendieron por seis meses, revelaron incrementos desmedidos en los precios de productos esenciales. Se documentaron aumentos de hasta 122% en el millar de bloc, 77% en el kilo de clavo, y entre 20% y 21% en la tonelada de mortero o cemento, tomando como referencia los precios de Toluca. La extorsión abarcaba también el aluminio (hasta 50% de incremento) y aceros y perfiles (hasta 80.43%), así como consumibles como la carne de res, con aumentos de hasta 47%.
La complejidad de este delito radica en la dificultad de obtener denuncias formales, dado que las víctimas son amenazadas o desconfían de las autoridades. Por ello, la investigación fue minuciosa, con el uso de técnicas controladas y la colaboración del Gabinete de Seguridad Nacional (Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia).
Sobre el Operativo Liberación
El operativo abarcó 14 municipios y 63 establecimientos comerciales, afectando a aproximadamente un millón de personas. Se descubrió que los criminales utilizaban agrupaciones «pseudo-sindicales» como Sindicato Bradosba y Sindicato Libertad, así como transportistas, para monopolizar el traslado de mercancías, cobrando un 20% adicional por el transporte y coaccionando a quienes no acataban.
Entre los 10 sujetos localizados con «labores gerenciales» dentro de este entramado, se encuentran individuos con perfiles diversos, desde empresarios hasta una regidora municipal identificada como Yareli «N», quien presuntamente tenía vínculos con una organización delictiva de Michoacán. Los detenidos podrían enfrentar penas que van de 70 a 80 años por delitos como extorsión y secuestro exprés.
Además de los materiales de construcción, la red criminal intervenía en minas comercializadoras, ferreterías, criaderos de pollo y cerdo, así como en el transporte de carga y manipulación de paquetería, obligando a las compañías de mensajería a hacer escala en sus almacenes y pagar cuotas por el «libre tránsito» de paquetes.
Como resultado de las 53 técnicas de cateo ejecutadas sobre 63 inmuebles, se aseguraron 24 casas de materiales y 6 minas. Una vertiente importante de la estrategia es la «disposición anticipada» de bienes perecederos asegurados, como cárnicos, pollo, huevo y forrajes, que serán entregados a la comunidad a través de un convenio con la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Otros bienes, como cemento y varilla, se utilizarán para obras públicas con un enfoque social.
