Sentencian a 50 años de prisión a secuestradores de Chapa de Mota

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostró que Jonathan Rodríguez Mendoza, Marco Antonio Guerrero Martínez y Citlalli Escamilla Silverio de Chapa de Mota tuvieron participación en el secuestro de un menor de edad, lo cual los llevó a ser condenados a 50 años de prisión.

Este robo ocurrió el 7 de abril de 2022, cuando la persona estaba atendiendo el negocio de sus padres, una tienda de papelería en el pueblo de Dongú, en el municipio de Chapa de Mota. La sospechosa llegó al lugar para comprar productos de papelería y le pidió al empleado más joven que la ayudara a llevar los artículos hasta su auto.

Afuera del establecimiento comercial, en un acto espeluznante, la desafortunada víctima se le sometió a una situación estresante por parte de los individuos identificados como Jonathan Rodríguez Mendoza y Citlalli Escamilla Silverio, secuestradores de Chapa de Mota.

Con cruel determinación, estos dos individuos procedieron a tomar al indefenso individuo y lo introdujeron a la fuerza en un vehículo de marca Volkswagen, específicamente un elegante modelo Jetta. Para empeorar aún más la situación, el irresponsable conductor de dicho automóvil se le indentificó como el despiadado Marco Antonio Guerrero Martínez.

A bordo de este automóvil se convirtió en el prisionero involuntario, incapaz de escapar de su angustia y privación de libertad por un período de tiempo desconocido e interminable.

Los implicados realizaron llamadas telefónicas a los padres del menor de edad, exigiéndoles una suma económica a cambio de liberarlo, por ello la familia informó a elementos policiacos, mismos que realizaron una movilización en la zona, que derivó en la liberación de la víctima y la detención de los tres responsables.

Detienen a los secuestradores de Chapa de Mota

Los y la detenida se les presentó ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria por este secuestro. Posteriormente, se les trasladó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial para que se determinara su situación legal.

El proceso de investigación fue exhaustivo y se llevaron a cabo todos los procedimientos legales correspondientes. Durante su estancia en el centro penitenciario, se les brindaron todos los derechos y garantías establecidos por la ley.