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Síndico de Chapa de Mota denuncia bloqueo institucional y falsificación de firma

Antonio García Pérez, Síndico de Chapa de Mota, acusa al gobierno municipal de obstaculizar su labor, falsificar documentos oficiales y violar sus derechos político-electorales.

El Síndico de Chapa de Mota, Antonio García Pérez, denunció una serie de irregularidades cometidas por el Ayuntamiento, encabezado por la presidenta María Guadalupe Franco Cruz, que van desde acoso laboral hasta la falsificación de su firma en documentos oficiales enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

García Pérez explicó que ha presentado al menos 10 denuncias ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), en las que señala presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. Acusó a la administración municipal de bloquear el acceso a información clave como la nómina actualizada, los presupuestos de ingresos y egresos, y los pagos por finiquitos y laudos laborales.

De acuerdo con el Síndico, no se le permitió revisar ni firmar el presupuesto municipal 2025, lo que ya fue reconocido por el TEEM en una resolución reciente, donde se ordenó entregar de forma íntegra la información omitida. También afirmó que ha sido excluido deliberadamente de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, a pesar de que su cargo exige vigilancia del patrimonio público.

Uno de los señalamientos más graves es la supuesta falsificación de su firma en un documento enviado por la Tesorería al OSFEM, sin que él tuviera conocimiento previo ni oportunidad de revisión. García Pérez subrayó que esto representa una falta administrativa y podría constituir un delito penal.

Además del ocultamiento de información, denunció que le han retirado personal asignado a su oficina, dificultando aún más el cumplimiento de sus funciones. “Estoy solo y así es muy difícil desempeñar mi labor”, expresó.

El Síndico aseguró que continuará por la vía legal para defender su derecho a ejercer el cargo, y reiteró que su actuar está respaldado por los principios de transparencia, legalidad y máxima publicidad que exige la ley.

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