Este es el reportaje sobre el presunto desvío de 5 mil millones de pesos en Edomex

El siguiente reportaje es traducido al español de diario inglés The Guardian.

Era un día bochornoso de verano cuando la veterana reportera María Teresa Montaño Delgado condujo casi 450 millas desde Toluca, capital del estado de México (Edomex), hasta un barrio deteriorado en Coatzacoalcos, una ciudad petrolera en la costa del Golfo.

Montaño llevaba consigo un contrato de 35 dólares para la «gestión de capital humano especializado» con el gobierno de Edomex, el último bastión de poder para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ha gobernado el estado sin interrupciones durante casi un siglo.

Ella revisó dos veces la dirección de la empresa, que resultó ser un apartamento en el segundo piso en un edificio residencial de color rosa pastel, en una calle poco notable con bares tapiados y lotes vacíos.

La empresa, la mitad de un consorcio con contratos con tres agencias por un valor de unos 55 millones de dólares, existía en papel, pero no había señales de ninguna operación comercial o de empleados.

«Me sorprendió el edificio que se desmoronaba, pero confirmó mis sospechas: el contrato era completamente ilógico», dijo Montaño, fundador y editor en jefe del sitio web de noticias independiente The Observer. «Esta era una empresa falsa, parte de un plan para malversar grandes cantidades de dinero público… Es por eso que trataron de silenciarme».

Coatzacoalcos parecía un lugar poco probable para una empresa de recursos humanos con contratos multimillonarios al otro lado del país. Todos los contratos se firmaron el 29 de diciembre de 2018, en un momento en que una feroz guerra territorial entre cárteles rivales había ayudado a hacer de la ciudad portuaria uno de los lugares más violentos de México.

Cuando el Guardian lo visitó en enero, el bulevar frente al mar estaba lleno de hoteles quemados, centros comerciales abandonados y bloques de viviendas decrépitos, y las calles patrulladas por infantes de marina. Algunas mujeres valientes estaban vendiendo cócteles de mariscos y cocos, pero parecía que un huracán había azotado el centro de la ciudad.

Los contratos de 55 millones de dólares no fueron los únicos acuerdos cuestionables que Montaño había descubierto mientras recurría por el portal de información del gobierno. A principios de 2021, Montaño había notado otros contratos por valor de millones de dólares con empresas e individuos en todo México, muchos para productos y servicios vagamente definidos disponibles localmente, como limpieza, muebles de oficina, construcción y software informático.

Sobre el papel, las empresas y los contratos parecían legítimos, pero había múltiples «banderas rojas», según Muna Dora Buchahin Abulhosn, una contadora forense que ha dirigido investigaciones sobre esquemas de malversación de fondos estatales.

Una búsqueda superficial en Google Maps encontró que las empresas que adjudicaron contratos lucrativos a menudo se encontraban en calles residenciales, lotes abandonados y centros comerciales. Algunas direcciones estaban vinculadas a varias empresas, o no existían; otras empresas no tenían un sitio web que funcionara a pesar de los contratos multimillonarios.

Comienza la investigación y el secuestro de Montaño

Los informes de Montaño fueron potencialmente vergonzosos para el PRI, que está desesperado por aferrar al estado en las elecciones del 4 de junio. Pero investigar la corrupción puede ser mortal en México, especialmente para los reporteros locales.

El año pasado, 15 periodistas fueron asesinados en México, lo que lo convierte en el país más peligroso para los medios de comunicación, aparte de Ucrania. La violencia, y la impunidad que la alimenta, tiene un efecto escalofriante, con los periodistas silenciados rutinariamente por amenazas, sobornos y listas negras que bloquean el acceso a puestos de trabajo e información.

«Los contratos se firmaron con empresas le muy lean para que fuera casi imposible que los periodistas locales verificaran físicamente. El gobierno tiene mucho control, pero seguí haciendo preguntas y descargando documentos», dijo Montaño. «Por eso creo que me secuestraron».

El 13 de agosto de 2021, el coche de Montaño se averió de camino a una cita médica en Toluca. Lo dejó estacionado en una tienda de conveniencia y tomó un autobús a la clínica, cerca del edificio del congreso estatal, que está rodeado de cámaras de vigilancia.

Para cuando terminó, era justo después de las 7:30 p.m. Una gran tormenta se había roto y Montaño estaba empapado, cuando un coche blanco que parecía un taxi compartido le hizo una señal para que entrara.

Casi de inmediato, un hombre flaco en el asiento del pasajero sacó un revólver. «No grites y no morirás», dijo. En la parte de atrás, un segundo hombre le cubrió los ojos con su máscara de Covid y le levantó la camiseta para exponerle el estómago y el pecho.

El conductor añadió: «Eres el periodista, ¿verdad?»

Temiendo por su vida, Montaño negó que fuera reportera, pero los secuestradores sabían dónde vivía e incluso dónde había dejado su coche.

«¿Tu hijo está en casa?» el conductor preguntó mientras se detenían en su complejo de viviendas cerrado.

Los dos asaltantes saquearon la pequeña casa de Montaño, antes de dejarla con los ojos vendados en un terreno polvoriento a unas pocas millas de distancia alrededor de las 11 p.m. No tenía teléfono ni dinero, pero siguiendo una luz lejana, encontró su camino a un centro comercial y llamó a su familia.

Ella denunció el secuestro a las autoridades de inmediato. Solo más tarde se dio cuenta de que los asaltantes se habían llevado sus ordenadores portátiles, teléfono, grabadora de voz, cámara, cuadernos y documentos, pero no la televisión u otros objetos de valor.

«Me robaron toda mi investigación. El mensaje era claro, pero sobreviví, y esta información es demasiado importante para guardarla para mí. Antes de que la gente vaya a votar, necesitan saberlo».

Durante los últimos seis meses, el Guardian y el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) han trabajado con Montaño como parte de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, con sede en París, para continuar el trabajo de periodistas amenazados y asesinados.

El equipo analizó docenas de contratos estatales emitidos durante la actual administración dirigida por Alfredo del Mazo Maza, cuya familia ha gobernado Edomex durante 29 años, visitó todas las direcciones de la empresa y consultó a expertos en corrupción y política en México.

Salen a la luz los contratos y desvío de fondos en Edomex

Mientras Edomex se prepara para ir a las urnas el 4 de junio, la investigación puede revelar que el gobierno saliente emitió al menos 40 contratos que involucran al menos 15 empresas de fachada y de fachada por valor de más de 300 millones de dólares.

En algunos casos no había ninguna empresa en la dirección indicada: sin señal, sin trabajadores y sin infraestructura. En otros, se contrató a empresas reales por bienes o servicios en los que no tenían experiencia. Varias empresas compartían la misma dirección y/o representantes legales. Inusualmente, muchos fueron otorgados a finales de año, cuando la mayoría de los empleados del gobierno están de licencia. Se ignoró la libertad de información en las solicitudes de pruebas en cada adquisición.

El gobierno de Del Mazo dijo que cumplió con la ley en todo momento y que todos los contratos se adjudicaron a través de una licitación competitiva al «mejor proveedor»; dijo que respetaba la libertad de prensa y a los periodistas, y que no tenía conocimiento previo del secuestro de Montaño.

Todos los contratos fueron autorizados por el departamento de finanzas, que coordina el proceso de adquisición del estado. Cuando el consorcio se acercó para hacer comentarios, el departamento dijo que estaba obligado por ley a abrir ofertas a empresas de todo el país, y proporcionó un expediente de fotocopias de fotos sin fecha y documentos que pretendían probar que todos los contratistas eran legítimos.

Pero una investigación adicional reveló múltiples inconsistencias e irregularidades en las pruebas del gobierno, incluidas las oficinas que aparentemente no estaban en uso, o direcciones en uso por empresas aparentemente no relacionadas.

Juntos, los contratos ilustran un patrón de «actos y omisiones» que sugieren un esquema de malversación de fondos que involucra a funcionarios públicos y particulares, según Buchahin, el contador forense.

• En Monterrey, una ciudad a 600 millas al norte de Toluca, la empresa Sevacom fue contratada para proporcionar materiales para talleres, como la fabricación de joyas, la decoración de globos y la confección, por seis agencias gubernamentales diferentes, incluida la oficina del gobernador y el departamento de asuntos rurales. El consorcio encontró 12 contratos idénticos por valor de casi 5,2 millones de dólares. Hay un negocio llamado Sevacom en la dirección del contrato, pero es una tienda minorista que vende productos de limpieza para el hogar. El propietario negó haber recibido ningún contrato público o cualquier conocimiento de los talleres. Se creó un sitio web para Sevacom después de que se adjudicaron los primeros contratos, pero las llamadas telefónicas, las cartas y los mensajes a los datos de contacto que contiene quedaron sin respuesta. En su expediente, el gobierno de Edomex proporcionó fotografías fotocopiadas de un almacén no identificado y de las mujeres que recibían cajas de ayuda gubernamental, así como fotocopias de una carta de seguridad No proporcionó pruebas de que se hubiera llevado a cabo ningún taller.
• La dirección que figura en un contrato de subcontratación de medio millón de dólares con una supuesta empresa de construcción en Edomex era en realidad una pequeña casa que pertenecía a una mujer con un salón de uñas improvisado del vecindario, que dijo que nunca había oído hablar del acuerdo. En otro caso, se adjudicó un contrato de casi 100.000 dólares para el mantenimiento de ascensores a una empresa audiovisual. El desajuste entre la especialización de la empresa y el contrato que ganó fue otra señal de alerta, dijo Buchahin
• A la supuesta empresa de recursos humanos de Coatzacoalcos, el Instituto C&A Intelligent, se le adjudicó otros tres contratos por valor de 67 millones de dólares con una dirección en Edomex que no existe. La empresa estaba listada en línea en una ubicación diferente pero cercana, un edificio de oficinas en el que el logotipo de la empresa ha aparecido y ha desaparecido varias veces este año. Un número de teléfono que aparece en la empresa está fuera de servicio, los correos electrónicos a su dirección se han devuelto y el sitio web de la empresa ha desaparecido. El gobierno de Edomex proporcionó copias de fotografías que muestran a personas de pie fuera del edificio. Los reporteros del Consorcio visitaron el sitio cuatro veces durante el año pasado, pero no vieron signos de actividad en el edificio. El lunes, un vecino dijo que vio a los trabajadores volver a colocar el letrero de la empresa en la fachada del edificio la semana pasada, y agregó que el edificio estaba en su mayoría vacío, aparte de unos pocos inquilinos residenciales.
• La dirección de una empresa que adjudicó cuatro contratos para muebles de oficina por un valor total de 2,4 millones de dólares es una oficina desatendida en un centro comercial en las afueras de la ciudad de Querétaro, a 120 millas al noroeste de Edomex, sin contestador automático. El gobierno proporcionó fotocopias de fotos que mostraban montones de muebles ostensiblemente tomadas en un almacén de la empresa en el estado de Puebla. El consorcio visitó la dirección y encontró un modesto taller de metal, cuyos empleados dijeron que no tenían conocimiento de la empresa.

Los hallazgos sugieren una nueva versión de un antiguo esquema de malversación de fondos.

En 2017, la Oficina Federal de Auditoría (ASF) y los periodistas de investigación descubrieron una supuesta empresa de malversación de fondos multimillonarias que involucró al menos a 11 agencias del gobierno federal, ocho universidades públicas y más de 120 empresas falsas registradas en varios estados. El caso, conocido como La estafa maestra o la estafa maestra, tuvo lugar durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, ex gobernador de Edomex, y primo de Del Mazo.

Nunca se acusó a nadie por las acusaciones, que implicaban a varias instituciones y funcionarios de PRI en Edomex. Peña Nieto ha negado cualquier irregular.

Tal impunidad ha permitido que el «modus operandi» continúe, dijo Buchahin, quien anteriormente dirigió la unidad de contabilidad forense de la ASF. Algunas de las empresas implicadas en la estafa maestra continúan recibiendo contratos gubernamentales, mientras que los funcionarios sospechosos de irregularidades simplemente fueron trasladados a nuevos roles.

Nueve de los 40 contratos analizados por The Guardian involucraron al departamento de desarrollo social de Edomex. Alejandra del Moral, que dirigió el departamento en 2022, se postula para gobernadora. Eric Sevilla Montes de Oca, el director de 2018-2020, es actualmente presidente del PRI en Edomex y dirige la campaña electoral del gobernador. Ni Sevilla ni Del Moral respondieron a las acusaciones.

«Esta es una red de poderosos altos funcionarios que simulan contratos y pagos que están respaldados por facturas legales pero no respaldadas para sacar dinero… Continúa porque saben que no pasará nada, la impunidad es generalizada. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. El estado de México es el más corrupto del país, es donde obtienen dinero para todos los demás», dijo Buchahin.

Edomex es el estado más grande de México por población, con 17 millones de personas: una extensa conurbación de comunidades de dormitorios, sitios industriales y pueblos coloniales que rodean la ciudad capital. Es el hogar de miembros de las élites políticas, económicas y criminales, pero incluye algunos de los municipios más peligrosos del país, especialmente para las mujeres y las niñas.

Del Mazo Maza, cuyo abuelo, padre y tío también han gobernado el estado, logró una victoria electoral en 2017 en medio de acusaciones generalizadas de fraude. Las elecciones de la próxima semana son importantes porque Edomex es el único estado al que el PRI, que gobernó el país de forma ininterrumpida entre 1929 y 2000, se ha aferrado.

«El estado de México tiene un gran valor político y simbólico para el PRI, y sus oponentes», dijo Rogelio Hernández, politólogo del Colegio de México. Para el PRI, retener al estado demostraría que todavía es relevante como partido; para Morena, el partido que está en el gobierno a nivel nacional pero en la oposición en el estado, una victoria sería una muestra muy necesaria de apoyo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El éxito de PRI en Edomex se debe en parte a su control de los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación, y muchos periodistas, dependen del gobierno estatal para la publicidad y los pagos mensuales fuera de los libros, conocidos como chayotes, a cambio de una cobertura no crítica.

«Intimidar a los periodistas ha sido una constante durante muchas décadas en el estado de México, al igual que los chayotes. Así es como el PRI ha podido permanecer en el poder, y por qué hay prácticamente cero periodismo independiente e investigativo en el estado», dijo Lenin Martell, profesor de estudios de medios de comunicación en la universidad autónoma del estado de México.

Los periodistas que rechazan el status quo a menudo pagan un gran precio personal y profesional.

Montaño ha pasado toda su carrera informando sobre política, crimen y corrupción en Edomex, principalmente como corresponsal de periódicos nacionales, y tiene un historial de irritar a la gente poderosa.

Pero después de negarse a aceptar un sobre de dinero en efectivo a principios de 2018, comenzó a recibir presión de los editores para enviar menos solicitudes de libertad de información. Los colegas y las fuentes la cortaron y se hizo más difícil llegar a fin de mes.

Después del secuestro, dejó México durante varios meses, pero regresó decidida a continuar con la investigación. A pesar de las imágenes de CCTV de al menos un agresor retirando dinero en efectivo con su tarjeta bancaria, nadie ha sido arrestado. Los fiscales que investigan el caso han negado que el secuestro estuviera relacionado con su periodismo.

Un portavoz del gobierno de Del Mazo dijo que «cumpleba plenamente con la ley en todo momento con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas» y que las adquisiciones de todos los bienes y servicios se habían consolidado bajo el departamento de finanzas «para obtener ventajas técnicas y económicas». El gobierno no respondió a preguntas específicas sobre las conclusiones de la investigación, ni sobre el uso de amenazas, publicidad y pagos para controlar los medios de comunicación.

El departamento de finanzas dijo que todos los contratos se adjudicaron a través de una licitación competitiva al «mejor proveedor», independientemente de su ubicación, teniendo en cuenta factores como el precio, la calidad y la financiación, y que el proceso fue apoyado por un comité de supervisión.

«Es un milagro que María Teresa haya seguido informando en un estado totalmente controlado por políticos de la mafia, donde la publicidad del gobierno se disfraza de periodismo y los reporteros independientes son aislados y castigados, dejando al público con un enorme agujero de información negro», dijo Marcela Turati, cofundadora del sitio de noticias de investigación Quinto Elemento Lab. «La violencia continúa porque la impunidad está garantizada».

Equipo de informes, María Teresa Montaño Delgado (El Observador), Lilia Saúl Rodríguez (OCCRP) y Nina Lakhani. Informes adicionales de Aïda Delpuech y Paloma Dupont de Dinechin (Historias prohibidas)