Temascalcingo

Santa María Canchesdá: la tragedia terminó, pero comienzan las preguntas en Temascalcingo

A escasos días de la explosión que dejó 11 personas muertas, 82 atendidas y decenas de familias afectadas, la investigación apenas comienza; falta esclarecer quién almacenó la pirotecnia, bajo qué condiciones y qué autoridades debieron supervisar

La emergencia terminó, pero para Santa María Canchesdá apenas comienza otra etapa: la de las preguntas.

A cuatro días de la explosión ocurrida durante la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz, en Temascalcingo, el saldo oficial es de 11 personas fallecidas y 82 atendidas médicamente. De acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud del Estado de México realizado a las 15:00 horas del lunes 7 de septiembre, 62 personas ya fueron dadas de alta, ocho permanecen hospitalizadas, 11 fueron referidas a otras unidades médicas y una de las personas atendidas falleció.

El nuevo registro incorporó a una persona que acudió por sus propios medios a una clínica privada después de las 19:00 horas del domingo. En el Hospital General de Atlacomulco fueron atendidas 21 personas; tres permanecen hospitalizadas, seis fueron referidas, 11 recibieron el alta y una falleció. Además, 33 personas fueron atendidas en unidades privadas, cinco de ellas todavía hospitalizadas.

En el Hospital General de Atlacomulco, cinco personas continuaban bajo vigilancia médica este lunes; dos adultos y un menor podrían ser dados de alta, mientras uno de los pacientes se encontraba delicado y otro continuaba recibiendo curaciones por quemaduras.

La atención médica, informó el Gobierno estatal, será gratuita y continuará hasta la recuperación de las personas afectadas. También aclaró que no se han instalado centros de acopio oficiales ni se están solicitando aportaciones económicas a nombre de los gobiernos estatal o municipales.

La pregunta ya no es solamente qué ocurrió

La noche del 5 de septiembre, durante los festejos patronales, material pirotécnico almacenado en un espacio utilizado como bodega, contiguo al templo, detonó y provocó el colapso de parte de la estructura. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene el sitio bajo resguardo y realiza peritajes para establecer qué ocurrió.

La magnitud de los daños permite dimensionar la tragedia: al menos ocho locales ubicados junto al templo resultaron afectados, la barda del atrio se desplomó, se rompieron cristales de viviendas cercanas y partes de la estructura cayeron sobre los juegos mecánicos instalados para la celebración.

Pero todavía hay preguntas fundamentales que no tienen una respuesta pública.

¿Quién era responsable del material pirotécnico? ¿Contaba con los permisos correspondientes? ¿Quién autorizó su almacenamiento? ¿El espacio utilizado como bodega cumplía las condiciones de seguridad? ¿Hubo una inspección previa? ¿Qué autoridad debía verificarlo?

Hasta ahora no existe un dictamen pericial público que permita establecer cuál fue la causa exacta que originó la detonación. Por ello, cualquier versión que atribuya el inicio del fuego a una causa específica debe manejarse todavía como hipótesis y no como un hecho confirmado.

¿Qué debió revisar el Ayuntamiento?

El caso adquiere otra dimensión al revisar las obligaciones municipales relacionadas con la pirotecnia.

El Bando Municipal establece disposiciones para las actividades pirotécnicas y contempla que, para las quemas de juegos pirotécnicos en festividades cívicas y religiosas, deben cumplirse requisitos y contar con las opiniones y medidas de seguridad correspondientes.

Esto vuelve relevante determinar si las disposiciones fueron cumplidas en Santa María Canchesdá y, particularmente, si el material que terminó provocando la tragedia podía encontrarse almacenado en ese lugar.

La respuesta tendrá que surgir de los documentos y de la investigación de las autoridades, no de suposiciones.

Por ello, entre los puntos que deberán aclararse están las autorizaciones para la fiesta, la documentación relacionada con la pirotecnia, las inspecciones de Protección Civil y las condiciones del sitio donde fue almacenado el material.

La Fiscalía tendrá que determinar si hubo alguna conducta que pudiera generar responsabilidades, mientras que el Ayuntamiento puede informar qué trámites, revisiones o autorizaciones estuvieron dentro de su ámbito de competencia.

La presidenta estuvo en Canchesdá durante la madrugada

Durante las primeras horas de la emergencia, la presidenta municipal Verónica Martínez Moreno acudió personalmente a Santa María Canchesdá. La alcaldesa, originaria de esta comunidad, estuvo en el lugar y tuvo contacto con víctimas y familiares durante la madrugada posterior a la explosión.

Posteriormente, el Ayuntamiento difundió un video en el que Martínez Moreno, acompañada por su esposo, Javier Chaparro, llamó a mantener la unidad y anunció la apertura de centros de acopio para recibir víveres y material de curación.

En el mensaje, la presidenta agradeció la intervención de corporaciones estatales y federales, la Zona Militar número 22, la Fiscalía, Protección Civil, la Policía Estatal y municipios que acudieron en apoyo de la comunidad. También reconoció la ayuda de municipios de la región y de autoridades de Michoacán.

El Ayuntamiento informó que se habilitarían puntos de acopio en la Subcomisaría de Santa María Canchesdá y frente al Palacio Municipal, ante las llamadas de personas que buscaban ayudar a las familias afectadas.

Sin embargo, posteriormente el Gobierno del Estado de México aclaró que no existen centros de acopio oficiales ni se están solicitando aportaciones económicas a la población por parte de autoridades estatales o municipales, por lo que será necesario precisar qué ocurrió con los puntos anunciados por el Ayuntamiento, cuándo funcionaron, qué recibieron y cuál fue el destino de los apoyos.

La comunicación personal de la alcaldesa tampoco ha tenido nuevas actualizaciones públicas desde el 3 de septiembre, aunque la comunicación institucional y el Gobierno estatal han continuado informando sobre la evolución de los lesionados.

Más que un señalamiento político, esto abre una pregunta de seguimiento: ¿cómo continuará el Ayuntamiento acompañando a las familias una vez pasada la emergencia?

Las familias enfrentan ahora otra etapa

La tragedia no terminó con el rescate de las personas atrapadas ni con el levantamiento de los cuerpos.

Hay familias que perdieron a uno de sus integrantes, personas que continúan hospitalizadas y hogares que deberán enfrentar las consecuencias físicas y económicas de las lesiones.

También están los daños materiales.

Además del templo, resultaron afectados comercios y viviendas ubicados alrededor de la zona de la explosión. Los juegos mecánicos que formaban parte de la celebración también sufrieron daños por el colapso de la estructura.

Hasta ahora queda pendiente conocer quién asumirá la reparación de esos daños y bajo qué mecanismo serán apoyadas las familias y comerciantes afectados.

La respuesta será particularmente importante para una comunidad donde la fiesta patronal representa una de las principales concentraciones sociales y religiosas del año.

Lo que sigue

La Fiscalía deberá establecer la causa de la explosión y deslindar responsabilidades. Para ello tendrá que determinar las condiciones en las que se encontraba el material pirotécnico, su procedencia, quién lo tenía bajo resguardo y si contaba con las autorizaciones necesarias.

El Ayuntamiento, por su parte, tendrá que aclarar qué autorizaciones emitió, qué revisiones realizó Protección Civil y qué información tenía sobre el almacenamiento de pirotecnia en el sitio.

Y las autoridades estatales y federales deberán garantizar que las personas lesionadas reciban atención hasta su recuperación.

Pero existe una pregunta de fondo que trasciende a Santa María Canchesdá.

¿Qué debe cambiar para que una fiesta patronal no vuelva a convertirse en una tragedia?

Temascalcingo tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de revisar cómo se autorizan, almacenan y utilizan los materiales pirotécnicos en sus celebraciones.

Porque la tragedia ya ocurrió.

Ahora corresponde determinar por qué ocurrió, si pudo prevenirse, quién debía hacerlo y qué se hará para que no vuelva a suceder.